Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se miden en el balotaje

El 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Perú, donde más de 27 millones de ciudadanos definirán quién liderará el país durante el período 2026-2031. Estas elecciones enfrentan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien encabeza la intención de voto con un 36.64% apoyada principalmente en Lima y la costa, contra Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien registra un 33.74% con una base sólida en el interior y el sur. El escenario electoral está marcado por una fragmentación extrema heredada de la primera vuelta, en la que compitieron 35 candidatos y donde ninguno de los finalistas superó el 18% de los votos por sí solo, sumando entre ambos un 29%. En este contexto, el 17.57% de votos blancos o nulos y el 13.31% de indecisos se perfilan como los factores determinantes para el resultado final.
Propuestas enfrentadas: Economía, seguridad y sociedad
Las propuestas de los candidatos presentan modelos opuestos, especialmente en materia económica y de seguridad. Keiko Fujimori apuesta por mantener el modelo vigente, centrando su agenda en la estabilidad macroeconómica, el respaldo a la inversión privada y la minería formal. Entre sus medidas específicas destacan el fortalecimiento de un shock desregulatorio para reducir en un 40% el tiempo de trámites, la implementación de Zonas Económicas Especiales y programas de salud nutricional. Asimismo, propone modernizar el comercio exterior con inteligencia artificial y facilitar liquidez a las PYMES mediante un programa nacional de factoring. En seguridad, su mensaje se enfoca en recuperar el orden mediante una política de “mano dura”, control de fronteras y deportación de extranjeros con antecedentes criminales.
Por su parte, Roberto Sánchez propone una transformación estructural bajo una “nueva arquitectura constitucional” mediante una Asamblea Constituyente. Su plan económico busca superar el modelo extractivista a través de la industrialización y el fortalecimiento de la agricultura familiar, aunque su programa de consenso incluye ahora el compromiso de preservar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR). En materia social, plantea aumentos progresivos del salario mínimo y reformas en el sector cultura para garantizar condiciones laborales dignas para los artistas. Su enfoque de seguridad difiere del de su oponente al proponer reformas internas en la Policía Nacional y un sistema de seguridad basado en la participación comunitaria.
Un Congreso fragmentado y presiones judiciales
La gobernabilidad será el desafío principal para quien resulte electo el 28 de julio, debido a la nueva composición de un Congreso bicameral también fragmentado. Fuerza Popular se perfila como la primera minoría con 40 diputados y 22 senadores, lo que otorgaría a Fujimori un respaldo legislativo importante y la capacidad de bloquear posibles intentos de destitución. En este nuevo sistema, las mociones de vacancia requerirán de dos tercios de votos en ambas cámaras, lo que obligaría a un eventual gobierno de Sánchez —con una representación menor de 31 diputados y 14 senadores— a negociar constantemente para evitar el riesgo de destitución.
Finalmente, ambos candidatos llegan con presiones judiciales que podrían influir en el electorado. Fujimori continúa bajo investigación por presunto financiamiento ilícito en campañas pasadas relacionado con aportes no declarados. Por su parte, Sánchez enfrenta un pedido fiscal de cinco años de prisión e inhabilitación por supuesta falsedad en información de aportes electorales de años previos. La evolución procesal inmediata de estos casos, sumada a la definición de los votantes de centro-derecha, será clave para determinar quién asumirá la banda presidencial el próximo 28 de julio.